La DGT quiere limitar la velocidad máxima de los peatones

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El Consejo de Estado ha pedido al Gobierno que reconsidere de principio a fin el nuevo Reglamento General de Circulación, pues la vida de las ciudades se verá ralentizada con la reducción del límite a 30 km/h, pudiendo provocar el “colapso de las ciudades”.

Sobre el nuevo uso de la bicicleta, ha pedido que o bien “se suprima todo el capítulo o bien sea reconsiderado en su conjunto” para ser sometido a una nueva reflexión.

El dictamen no comparte la idea de que las bicicletas puedan circular por la acera con los peatones y recuerda en este sentido varias sentencias del Tribunal Supremo.

Considera que las bicicletas no están sujetas a seguro obligatorio, de modo que “los atropellos de peatones en aceras más que previsibles quedarán a cargo del erario público”. Y cuestiona que el reglamento “permite a los ciclistas utilizar el arcén de las autovías de forma habitual” mientras esta posibilidad está vedada para los ciclomotores.

El Consejo de Estado considera que ahora mismo es inviable el modelo sostenible propuesto de abandonar el automóvil y fomentar el uso de la bicicleta: “Es anómalo someter a consulta una propuesta no compartida, ya no por los demás departamentos ministeriales, sino también por buena parte del ministerio proponente en el que algunas unidades se manifiestan claramente contrarios a las propuestas”.

El Consejo de Estado considera que alguna de las propuestas raya el ridículo. Por ejemplo, hay un nuevo apartado del reglamento que el dictamen califica sarcásticamente de innovador, es el artículo 48.5: “Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano y los animales que arrastren un vehículo, la del trote”. El Consejo de Estado no se toma en serio este precepto. Pide que se suprima porque “quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso”. Objeta además con ironía que la medida “podría suponer la prohibición de correr, un deporte muy extendido en estos tiempos”.

Tampoco entiende que los peatones se vean obligados a someterse a una prueba de alcohol o drogas en el caso de infringir una norma “como cruzar indebidamente una calle” o verse implicados “directa o indirectamente” en un accidente.

El Consejo de Estado considera esta propuesta “insostenible” y alerta de que puede vulnerar derechos fundamentales como los derechos a la libertad y seguridad; a circular libremente por el estado español y a la intimidad personal. Y en tono más jocoso señala el dictamen que se puede “llegar a multar a un paseante después de haber tomado una copa de vino”. Y en lo que se refiere a las drogas, no hay en la norma precisión alguna de lo que debe entenderse como tal. El concepto de droga que maneja el Reglamento es tan amplio que abarca desde la heroína hasta la codeína, que es la base del jarabe para la tos.

El dictamen, que no es vinculante, llama la atención también a la DGT porque ha calculado muy mal el coste de obligar a los conductores de ciclomotores con casco homologado y no certificado como hasta ahora.

La memoria de impacto calcula que más de dos millones de usuarios tendrán que comprar un casco homologado y señala que el precio es de unos 20 euros, por lo que la cifra total es de más de ocho millones de euros. El Consejo de Estado opina que no es posible encontrar un casco homologado a 20 euros porque su coste oscila entre los 70 y 900 euros.

El organismo pide también reconsiderar esta medida teniendo en cuenta que el ciclomotor lo usan jóvenes de escaso poder adquisitivo y que el sector tiene una gran importancia económica en España.

2 Comentarios

  1. ¿Alguien puede aclarar que es el consejo de Estado y la formación de sus miembros?
    Me suena a políticos retirados o algo parecido

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